30 de Enero de 2017

Sebastián Henríquez

Investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH)

A estas alturas parece más que evidente que las condiciones medio ambientales del mar y el territorio en que vivimos no son las mismas que hace 5, 10 o 15 años. Lo sentimos, lo respiramos, hemos visto cómo han cambiado los paisajes, como las montañas y montes ya no son las mismas que añoramos cuando niñas y niños. Tampoco el agua sabe igual y a veces no encontramos donde bañarnos. Ya no es un cuento de abuelas y abuelos ni un recuerdo añejo de quienes nos criaron.

Somos nosotras y nosotros, recordando, viviendo, y sintiendo dolorosamente todo este cambio.

Llama la atención que a diferencia de otros años, lo acontecido tanto el año anterior, con la marea roja, como este, con los incendios forestales, sean sucesos de una gravedad no vista hace mucho, o derechamente nunca antes vista. Más curioso aún es que hay varios elementos coincidentes entre ambos fenómenos socio-ambientales, los que si bien hace tiempo existen en nuestras localidades (destrucción industrial, disminución de las fuentes de agua, precarización de las medidas de seguridad y protección de faenas y viviendas, entre muchas otras), hasta ahora no habían generado estas sensaciones de destrucción y caos tan urgente para nuestras familias y los territorios en que vivimos.

La crisis de la marea roja fue ejemplar. Ejemplar en el sentido de que manifestó de manera concreta un peligro al cual no nos habíamos visto enfrentados directamente: el mar (o la tierra) se acaban, mueren y dejan, los organismos vivos que los componen o moran en ellos, de existir. ¿Qué tiene que ver esto con los incendios forestales?, dirán. Mucho, puesto que lo que desencadenó estos sucesos fue la intervención humana y, con mayor protagonismo, la pequeña y gran industria.  Y no hablo de una acción delictual específica (que puede que la haya habido, como el vertimiento de toneladas de mortandad de salmones), o de un arduo plan económico conspirativo (que también pueda que exista, como los cobros de seguros y la posterior ayuda financiera estatal), si no que me refiero a que existe hace años en nuestro país, y en el mundo entero, un proceso y sistema complejo, profundo y extenso de explotación mar-territorial que está desbordando los márgenes de lo aceptable y que, una vez más, amenaza con la seguridad de las comunidades y la de las y los sujetos que en ellas vivimos.

Esta intervención francamente desmedida e irresponsable, que cuenta desde sus inicios con el beneplácito y financiamiento del Estado (gracias de nuevo, Dictadura Militar), no sólo se aprovecha de las jugosas subvenciones para iniciar e innovar en sus negocios, sino que basa especialmente su producción en fundamentos terriblemente nocivos para el mar y la tierra, descuidando conscientemente tanto los procesos de prevención y reparación, así como la necesidad imperiosa de conservar las fuentes de recursos, que malamente poseen en sus manos.

En el caso de las empresas salmoneras, y ahora igual en el de las empresas forestales, esta situación está llegando a los extremos. Y pese a ello, ha sido común constatar la inexistencia de protocolos y recursos adecuados para afrontar situaciones de emergencia. Es más, tampoco asumen si quiera un poco de responsabilidad y a las primeras aprovechan de encubrirse apuntando con el dedo.

El Estado, como siempre, ha debido salir al baile a reconciliar, a hacerse cargo, para bien o para mal, de los conflictos entre quienes posicionan sus intereses y entre quienes claman por ayuda, siendo las grandes mayorías las y los últimos, víctimas por partida múltiple, de un cocinado que les precariza, les condice y les posiciona siempre en la posición menos ventajosa de todas, la del hambre, la del miedo y la de la incertidumbre por las y los nuestros.

En ese contexto, el calentamiento global parece ser a estas alturas un hecho cierto, válido para acusar como para justificar. Pero está tan manoseado que pasa a ser irrelevante el cómo nosotras y nosotros, las comunidades, lo entendemos. Y justamente lo especialmente crítico en todo esto no es que exista o no sino que por qué hemos llegado hasta este punto. Por qué escasea el agua cada vez más en los veranos o por qué se suceden las grandes tormentas en invierno, por ejemplo. Por qué la marea roja mató especies marinas cuando nunca antes lo había hecho o por qué los incendios son tan extensos e intensos y difíciles de controlar y apagar.

No es una excusa válida, por tanto, para que quienes son los mayores culpables puedan desconocer su responsabilidad sobre lo que han hecho, sobre lo que han ganado y sobre lo que han estado dispuestos a perder a costa de nuestros hombros y nuestros hogares. No es de extrañar que ante tal escenario existan quienes, por trastornos o maldad, se aprovechen de en estos momentos mostrar lo más despreciable de sus comportamientos, incluso prendiendo fuego, obstaculizando la ayuda o mandando noticias falsas y correos.

Será importante tarea entonces de quienes creemos que puede existir otro modo de vivir para nuestros pueblos, el aportar de manera crítica y consciente a lo que está sucediendo, con nuestras manos, con nuestro entendimiento.

Que no pase de nuevo que las y los responsables no paguen ni un día o ni un peso.

¡A trabajar, a solidarizar, que se sepa la culpa es del ladrón forestal!