04 de Septiembre de 2016

La organización ambientalista se desplazó hasta Ancud para dar a conocer el resultado de la investigación que realizó entre los meses de mayo y agosto, revelando que “si bien la evidencia permite afirmar que la zona ya estaba afectada por blooms de algas, la autorización por parte del gobierno de verter casi 5 mil toneladas de salmones actuó como un “fertilizante” potenciador de la marea roja, aumentando su magnitud, intensidad y alcance, lo que desencadenó la crisis social y ambiental que vimos en Chiloé. 

Agregan que “la medida del gobierno tomada apresuradamente, desconociendo la regulación nacional y violando los compromisos internacionales sobre la materia”.

El científico, Ernesto Molina, que participó en el estudio indicó que “no hay fundamentos oceanográficos para afirmar que no hay relación entre el vertimiento y la marea roja que se observó. El vertimiento actuó como fertilizante y las corrientes determinaron el patrón de desplazamiento del amonio proveniente de éste en esa zona”.

En Greenpeace señalan que el estudio se basa en el análisis de las muestras de agua tomadas en las expediciones, imágenes satelitales, datos de la NASA y los testimonios recogidos en terreno.

“Sabemos que el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, permitió a través de las instituciones que de él dependen, que las empresas salmoneras arrojaran el pescado podrido al océano sin realizar un estudio de impacto ambiental que acreditara que el vertimiento no tendría efectos tóxicos en el océano. El Gobierno traicionó a Chiloé, lo sacrificó en pro de la industria salmonera”, señaló Estefanía González, coordinadora de Greenpeace en Chile.

La organización ambientalista denunció que  “el Gobierno de Chile permitió el vertido de casi 5 mil toneladas de salmón frente a las costas de Chiloé. Hay que recordar que la actual regulación sobre acuicultura considera delito el arrojar materiales contaminantes al mar. Por esto, el Gobierno utilizó como resquicio la Convención de Londres, norma a la que Chile está obligado y que indica que para el manejo de estos incidentes se deben realizar los estudios de los posibles impactos ambientales para garantizar que no habría afectación del medio marino, los cuales, a la luz de los antecedentes, evidentemente no se llevaron a cabo en tiempo y forma. Esta fue una decisión deliberada del gobierno que además de perjudicar a los más de 150.000 habitantes de Chiloé que dependen económica y culturalmente del mar, dañó unos de los patrimonios emblema de todos los chilenos. Estamos aquí para exigir que lo que sucedió en Chiloé no vuelva a ocurrir nunca más ni aquí, ni en ninguna parte de nuestro país”.

Desde Greenpeace instaron al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien es la principal autoridad en la regulación de la industria acuícola, a responder frente a estos antecedentes y ha asumir su responsabilidad de cara a las comunidades de Chiloé.

Para descargar el Informe Chiloé de Greenpeace Click Aquí